Chile vive su mayor crisis penitenciaria en 20 años: más de 63 mil personas privadas de libertad, cárceles al 139 % de su capacidad y 68 leyes de seguridad promulgadas desde 2022 que no han logrado reducir el delito ni la reincidencia. La seguridad debe construirse con inteligencia, reinserción y prevención, no solo con castigo.